Causa Gutierrez

El Municipio de la ciudad de Río Cuarto, a través de la Comisión Municipal de la Memoria, es querellante en la causa judicial “Gutiérrez y otros” que reúne la mayoría de los delitos de lesa humanidad cometidos en la ciudad de Río Cuarto y su zona de influencia, en lo que constituye sin duda la “megacausa” del sur de la provincia de Córdoba.

La causa se instruye en el Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, FCB. 2880/14 y está caratulada como "Gutiérrez Hermes Vicente y otros, privación ilegal de la libertad/ Art. 144 bis, inc. 1, imposición de torturas (Art. 144 inc. 1), Abuso Deshonesto, Mod. Ley 25087 (Sustituido conf. art. 23 Ley 26.842 y violación según párrafo 4to. (Art. 119 inc. c, víctima Levi, Alberto y otros".

La Comisión Municipal de la Memoria de Río Cuarto, en base a una decisión política del Poder Ejecutivo Municipal, se constituyó en parte querellante mediante un escrito presentado el 15/02/2019 que, luego de una serie de dilaciones judiciales (recusación del Juez Vaca Narvaja y su reemplazo por el juez Bustos Fierro) se admitió recién el 16/05/2019.

La Causa

La causa Gutiérrez consta de 14 tomos -digitalizados y en poder de la querella- y se investigan los siguientes delitos: a) Privación ilegítima de la libertad agravada, b) imposición de tormentos, c) abuso deshonesto agravado y d) violación agravada. Los delitos descriptos en la acusación no impiden que la querella pueda plantear nuevos hechos, fundamentalmente del accionar de la Triple A entres los años 1973 y marzo de 1976, consistentes en atentados con explosivos, secuestros, torturas y desaparición de personas. Se presume que a diferencia de lo ocurrido en Córdoba, en Río Cuarto y el sur de la provincia estos grupos respondían al ex ministro de Bienestar Social de la Nación José López Rega.

El fiscal de la causa es Facundo Trota, aunque podría volver a ocupar ese lugar la fiscal Graciela López de Filoñuk, cuya permanencia en el cargo también es objeto de disputa judicial en los Tribunales Federales de Córdoba.

La “causa Gutiérrez” reúne 73 imputados -sin perjuicio de poder agregar a los responsables de la Triple A por su accionar delictivo, germen del terrorismo de Estado-y 59 víctimas, mencionados en el Requerimiento de Instrucción fechado en noviembre de 2015 y suscripto por la entonces fiscal López de Filoñuk. Allí están desarrollados la mayoría de los hechos delictivos de lesa humanidad sufridos por cada una de las víctimas y los imputados que participaron en los mismos. Es un cuerpo de 208 folios en formato A8.

Los abogados que representan a la Municipalidad de Río Cuarto como parte querellante en el proceso son los abogados Daniel Olartecoechea, DNI: 8.578.346, MF.T. 505-F310 y Gonzalo Otero Pizarro, MF. T. 65-F27, DNI: 5.071.213. Olartecoechea preside actualmente la Asociación de Ex Presos Políticos de Río Cuarto y el Sur de la Provincia de Córdoba. Estuvo detenido ilegalmente en el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2) y emprendió el camino del exilio en 1975, al igual que su colega Otero Pizarro. Ambos sufrieron amenazas y atentados con explosivos en sus viviendas por parte de la Triple A.

Los letrados de la Comisión de la Memoria estiman que, a pesar de las dilaciones judiciales y los efectos de la pandemia del Coronavirus, sería posible elevar la causa a juicio a finales del corriente año 2021 o inicios del próximo 2022. Problabemente tal hecho se constituirá en histórico no solo para Río Cuarto y la región sino también para toda la provincia de Córdoba.

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Información Complementaria

En el año 2009, el Estado municipal ya se había presentado como querellante en la causa que investiga la desaparición de Gabriel Braunstein Maiden. El hecho se constituyó como inédito ya que Río Cuarto fue el primer lugar del país dónde una Comisión de la Memoria de carácter municipal tomó la iniciativa de avanzar en una presentación judicial de estas características.

En la presentación, el Estado municipal a través de la Comisión presentó un extenso informe a la fiscalía de la Dra. Graciela López de Filoñuk quien de oficio comenzó una investigación que abordó nuevas líneas en relación a los hechos sucedidos en la región durante el terrorismo de estado en lo correspondiente a la Zona militar 3115.

Esta investigación dio lugar a otra causa que nuclea a víctimas del sur de la provincia de Córdoba y conformó la hoy denominada causa “Gutiérrez.

A partir del trabajo que viene realizando la Comisión de la Memoria en la querella de la Causa se ha podido establecer que uno de los máximos responsables del accionar ilegal de la represión fue el ex teniente coronel Hermes Vicente Gutiérrez. Se desempeñó como Jefe de distrito Militar Río Cuarto hasta fines de 1976, entre sus funciones estaba la de dirigir una brigada antiguerrilera, la misma funcionaba en dependencias de la actual Unidad Departamental Nº 9, o Jefatura de la Policía Provincial. El aparato represivo estaba compuesto por personal de la Policía Federal y de la Policía Provincial que operaban bajo órdenes directas de Hermes Gutiérrez, el mismo se encargaba de los secuestros, detenciones, allanamientos en los departamentos de Río Cuarto, Juárez Celman, Roque Sáenz y General Roca.

De acuerdo a los Boletines Reservados del Ejército a los que han tenido acceso las organizaciones, el 15 de diciembre 1976 Gutiérrez fue reemplazado en su cargo por el teniente coronel D. Juan Guido Olguín, mientras que él fue enviado como responsable del distrito militar de San Juan. A partir de fines de 1977, el jefe de distrito militar Río Cuarto pasó a ser el teniente coronel José Camilo Gay.

Además, por decreto del presidente de facto Jorge Rafael Videla, el 206/1980 del 28 de enero de 1980, se nombró a Gutiérrez como “vocal del Consejo de Guerra Permanente para el Personal Subalterno del Ejército ‘Córdoba’”, por un período que concluiría el 15 de septiembre de 1980.